Crisis del gobierno de la justicia. Monarquía y reformas administrativas en la Nueva España durante el ocaso del siglo XVIII

 

Crisis of the Government of Justice. Monarchy and Administrative Reforms in New Spain during the End of the Eighteenth Century

 

Maximiliano Abner Alarcón Martínez[1]

 

Resumen

El texto aborda los elementos centrales que articularon el gobierno judicial de la Nueva España durante el siglo XVIII, los cambios realizados en este a la luz de los eventos bélicos de la monarquía hispánica en Europa, y la aplicación de las reformas borbónicas en América.

Palabras claves: Antiguo régimen, gobierno de la justicia, monarquía hispánica, reformas borbónicas.

 

Abstract

The text presents the central elements that organized the judicial government of New Spain in the 18th Century, the changes made in this government during the war events of the Spanish monarchy in Europe and the implementation of the Bourbon reforms in America.

Keywords: Old Regime, government of justice, hispanic monarchy, bourbon reforms.

 

Recibido: 2019-08-19

Aceptado: 2020-08-25

 

 

Introducción

 

La segunda mitad del siglo XVIII novohispano es descrita en la historiografía colonial como una etapa de importantes cambios político-administrativos en América derivados de la crisis política y financiera de la monarquía católica. La inestabilidad del sistema de gobierno hispánico fue resultado de las cargas económicas y las perdidas humanas provocadas por las guerras del siglo XVIII en Europa y Norteamérica, y el reacomodo internacional de las potencias en el viejo continente. Esas dos situaciones obligaron a la Corona castellana a modificar su sistema de administración a partir de la reforma a su gobierno, instituciones y corporaciones según los imperativos económicos del momento.[2]

La aplicación del reformismo borbónico en la Nueva España produjo una serie de reordenamientos políticos y económicos que se abordan en este texto; el objetivo principal será exponer los cambios del “gobierno de la justicia” frente a las eventualidades de la época, en el marco de la crisis de la monarquía católica y a partir las reformas dentro del régimen colonial. En ese orden de ideas, interesa señalar que el reajuste del gobierno de la Nueva España durante el siglo de las luces no fue consecuencia de una sola situación problemática, sino de una serie de circunstancias internas y externas que aceleraron la aplicación de un plan de reformas encaminadas a reorganizar a la sociedad, su política, económica y administración.

Las reformas aplicadas por la casa Borbón durante la segunda mitad del siglo XVIII iniciaron una etapa de cambios administrativos cuyo objetivo era reducir la autonomía de las corporaciones que componían el gobierno virreinal y de los jueces territoriales encargados de la justicia, y mejorar el control sobre la población novohispana y la fiscalización de sus recursos. Esto no quiere decir que desapareció el paradigma judicial en el gobierno; coincidimos con la historiográfica que sostiene que aun después de la aplicación del reformismo borbónico en Nueva España, los canales de vinculación, asociación y negociación del gobierno respecto de la sociedad permanecieron sujetos a la cultura política de Antiguo Régimen, pero reorganizados dentro de un nuevo orden de gobierno económico.[3]

Historiadores del derecho como Paolo Grossi y Carlos Garriga han sugerido que el aparato de gobierno de Antiguo Régimen no sufrió grandes innovaciones a la luz de las reformas ilustradas de la segunda mitad del siglo XVIII; sus investigaciones demuestran que el gobierno de los Borbones apoyó la iniciativa de crear territorios administrados por instituciones y oficiales encargados de la disciplina y la reforma de la sociedad, acotados dentro de una lógica gubernamental intensamente influenciada por el monarca hispano. Este plan reformista fue diseñado para devolver al gobierno judicial su funcionalidad pretérita a partir del fortalecimiento de los elementos que daban legitimidad a la autoridad del rey.[4]

Este texto estará dividido en cuatro bloques donde se analizará el impacto del reformismo borbónico en el régimen colonial novohispano. Cada uno de los apartados brindará al lector una visión más detallada sobre el sistema judicial y las alteraciones en su estructura después de los conflictos bélicos europeos y de la aplicación del reformismo borbónico. En la parte final del documento se realizará una evaluación de los cambios políticos derivados de una monarquía en crisis económica y política.

 

Antecedentes del gobierno judicial

 

Previo al estallido de la insurgencia en Nueva España los reinos americanos estuvieron sujetos a las normas de la cultura jurisdiccional de Antiguo Régimen. Esto fue un gobierno encabezado por la administración de la justicia, encargado de garantizar la tranquilidad de los pueblos y el resguardo del orden (Guardiola y Saez, 1785). El gobierno en América se organizó a partir del ius comune, donde se asumía que las sociedades eran el reflejo de un orden divino inquebrantable e inamovible, organizado a la semejanza de un cuerpo humano (el gobierno), compuesto por diferentes miembros (instituciones) que eran dirigidos por una sola cabeza (el rey).

El aparato político de Antiguo Régimen estaba organizado bajo los criterios de la justicia o la “razón del gobierno”, aunque en el siglo XVIII fue una tarea más entre las actividades que cubría la administración de los reinos transatlánticos (González y Lozano, 1985). La justicia era descrita como “una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le toca” (Villarroel, 1785), pues, además de articular las relaciones institucionales, era la encargada de garantizar la preservación de derechos, fueros y privilegios, y por ello la población debía “amarla como a padre y madre que los mantiene, obedecerla como a buen señor, y guardarla como que sin ella no pueden vivir” (Guardiola y Saez, 1785).

Con la recepción del derecho romano en Europa, durante la Baja Edad Media, el rey confirmó su competencia en la administración de justicia que era suministrada en los pueblos a través de jueces territoriales. La justicia se convirtió en una herramienta de uso exclusivo del poder político (Alcauter, 2012), en la medida que fue empleada para mantener las proporciones y equilibrios en el gobierno (Agüero, 2007), y “no romper sino conservar inviolablemente las leyes y buenas costumbres de los pueblos, los privilegios de las ciudades y los nobles, y las capitulaciones hechas por sus vasallos” (Pérez de Mesa, 1632).

La integración de los territorios del Nuevo Mundo a este modelo de justicia se concretó a partir de la transformación de sus tierras en “provincias”; un añejo término romano que refería a espacios bajo la autoridad de un conjunto de oficiales con jurisdicción (Garriga, 2006). Estos servidores de la Corona eran considerados jueces. En la Nueva España este fue el caso de los alcaldes ordinarios, alcaldes mayores, corregidores, gobernadores, intendentes y subdelegados (Garriga, 2006).

La disciplina del monarca también fue parte del sistema de gobierno colonial; generalmente, su actividad consistió en resolver las causas litigantes que la administración ordinaria no podían atender. Una forma de resolución del soberano fue la realización de actos indulgentes. El perdón real no era interpretado como una agresión al orden judicial, al contrario, se consideró como un acto de misericordia y de gracia divina que permitía dar continuidad y equilibrio a los habitantes: “baste decir que había que servir para perfeccionar y no para destruir el orden constituido” (Garriga, 2004).

En este modelo de gobierno, la administración de justicia mantenía el estado de derecho entre las poblaciones, considerando que era la materialización de la conciencia del rey y estaba encargada de dictar soluciones en toda clase de conflictos. La efectividad de ese modelo de gobierno recayó en las acciones de sus representantes; la denominada justicia de jueces dependió del buen comportamiento y calidad moral de los oficiales, quienes debían mantenerse ajenos de las poblaciones y de sus redes clientelares, para evitar conductas deshonrosas, pues su imagen era la representación de la justicia y la disciplina del rey frente a las comunidades (Garriga, 2006).

A propósito del orden de las comunidades, es necesario entender a la justicia como un elemento central en el ordenamiento de sus actividades. Los habitantes de la Nueva España la relacionaron como un derecho sujeto al territorio que les permitía elegir sus autoridades y atender sus asuntos con autonomía. La estrecha relación de la justicia con el gobierno de los pueblos no sólo fue resultado del afianzamiento de la cultura política de Antiguo Régimen, también tuvo que ver con la capacidad de los jueces para aplicarla con prudencia frente a las costumbres y normativas locales (Agüero, 2007). Cada población se organizó a través de instituciones locales que les brindaban un espacio de actividad judicial donde podían resolver sus asuntos y administrar sus recursos económicos. Nunca fueron cuerpos independientes sujetos a metas privadas; como vimos, la mediación de la voluntad del rey era necesaria para el devenir de cada una de ellas (López, 2016).

 

Contratiempos de la época

 

El descalabro de España en las guerras imperiales durante la segunda mitad del siglo XVIII afectó el posicionamiento político de la Corona católica en el mundo y aumentó la necesidad de iniciar una readecuación del paradigma judicial de sus colonias para convertirlas en espacios contribuyentes de recursos fiscales.

El cumplimiento del pacto familiar celebrado en 1761 con Francia obligó a la Corona hispánica a participar en la Guerra de los Siete Años (1756-1763) en contra de Inglaterra. Los resultados del encuentro armado fueron devastadores tanto para España como para su aliada, que perdió los territorios de Canadá, las Islas de Guadalupe, Martinica y La Luisiana; por su parte, la Corona católica tuvo un descalabro sustancial durante la toma de la Habana en agosto de 1762, la pérdida del puerto de Manila, en la isla de Filipinas, y la entrega de Florida en Norteamérica (Lempérière, 2013).

Esta situación acabó con la acumulación de riquezas de la Corona castellana y solo se agravó después de la intervención franco-española en la guerra independentista anglosajona de 1775 y 1783, que más tarde dio origen a los Estados Unidos. La monarquía hispánica apoyó a los colonos angloamericanos con armamento, recursos financieros, tropas y barcos de guerra, y participó en los encuentros bélicos de 1779 y 1780 donde recuperaron Mobile, Baton Rouge y Pensacola (García, 2013).

El desgaste financiero que generaron las guerras con Gran Bretaña y la confrontación bélica con la Convención francesa durante el último tercio del siglo XVIII incitó la ejecución de medidas extraordinarias como la desamortización de los bienes de la iglesia, la activación de campañas de donativos forzados y la consolidación de la política de vales reales. Entre 1781 y 1800 en el virreinato novohispano se recolectaron más de 4 millones de pesos plata por cuenta de donativos y 17.5 millones de pesos entre préstamos y suplementos, siendo el territorio que más dinero aportó en la causa española por delante de Cuba, Guatemala, Nueva Granada, Perú y Chile (Marichal, 2010). Las cajas reales cubrieron los gastos de defensa de virreinato, la manutención de las tropas acantonadas y las fortificaciones e instalaciones terrestres como fortalezas, presidios y puertos. Parte de los caudales vinieron de préstamos de los comerciantes y mineros del territorio y de la fiscalización de los recursos de artesanos, trabajadores de las haciendas y campesinos (Marichal, 1992).

Ese conjunto de políticas económicas mostraron que la Corona castellana y las demás monarquías, eran incapaces de sobrellevar sus gastos militares solo con sus ingresos ordinarios pues, por ejemplo, los encuentros armados con Inglaterra sellaron el bloque comercial trasatlántico de España, que era la ruta que los navíos siguieron para trasladar los recursos americanos a la península (Lempérière, 2013). Incluso, como consecuencia del constante acoso de las flotas inglesas sobre las costas americanas, el gobierno hispánico tuvo que acelerar la instauración de milicias disciplinadas en Cuba y después en el resto América (Garriga, 2006).

Los imperativos económicos impulsados por la monarquía española generaron una crisis en la forma tradicional de la administración de la Nueva España, pues la implementación de un nuevo plan de gobierno obligó a replantear el estado de derecho y los privilegios de sus comunidades, corporaciones e instituciones. Uno de los resultados de los sucesos internacionales de Europa y la banca rota de España, fue el establecimiento de un proyecto que permitiera redefinir los vínculos de España y América con miras a mejorar la obtención de recursos económicos.

Después de la introducción del reformismo borbónico en la Nueva España se desplegó una política basada en el control de los mercados, la expansión del comercio ultramarino, la propiedad privada, el fomento de la agricultura y las artes. Al mismo tiempo se intentó acabar con la propiedad en manos muertas, los monopolios comerciales, el cobro excesivo de los productos del campo y todos los derechos, privilegios y jurisdicciones que entorpecían la aplicación de un proyecto económico para agilizar la captación de impuestos y recuperar la posición de la monarquía hispánica en el escenario internacional (García, 2017).

El aumento de la recaudación fiscal novohispana fue sobresaliente desde la época de 1760 y 1790. Ese crecimiento estuvo relacionado con la producción minera, las fábricas de tabaco y el incremento del tributo indio. Carlos Marichal sostiene que el crecimiento económico en la Nueva España durante el periodo de la aplicación de las reformas borbónicas fue resultado de un ejercicio más efectivo de la fiscalidad en los recursos y del funcionamiento de un nuevo modelo de gobierno que permitía el disciplinamiento de la sociedad en materia de economía (Marichal, 1992).

La venta de oficios públicos fue otro medio por el cual se sustrajo recursos de América. La enajenación de estos nombramientos pasó en diferentes niveles del gobierno; mientras que en el superior gobierno se vendieron los puestos de las Audiencias y Real Hacienda, dentro de la esfera local se enajenaron a los puestos de las alcaldías y corregimientos.[5]

En algunos casos la compra del nombramiento de juez impartidor de justicia por comerciantes y hacendados causo un desequilibrio en los estamentos de la cultura jurídica de la época en tanto que intereses y compadrazgos locales afectaron la correcta administración de los territorios. Desde antes existieron reflexiones sobre el tema. En ella intervinieron personajes como Tomás de Aquino, quien escribió sobre las faltas de enajenar cargos públicos, aunque no identificó en ello algo ilícito. Mientras que en la segunda mitad del siglo XVI, Francisco de Vitoria, aclaró su postura sobre la venta de los oficios y aseguró que no era recomendable ponerlos a disposición de todos, pues esto ponía en entredicho la garantía del buen gobierno de las repúblicas y la administración de justicia (Tomás y Valiente, 1997). Esto último fue de especial sensibilidad para el gobierno en Nueva España, pues la legitimidad de la Corona dependió de la última garantía de la justicia del rey; el discurso que daba sustancia al poder real en el gobierno comenzó a fracturarse en medida de que las filas de jueces territoriales eran ensanchadas por los benefactores de dichas ventas.

A decir de Hipólito Villarroel esto no era la causa de los problemas político-administrativos en la Nueva España, pero sí un eslabón importante de su deterioro. Señaló que los beneficiados de estos oficios desvirtuaron el quehacer histórico de la justicia, pues su actividad era perjudicial para la vida de las comunidades; esto fue una ruptura muy clara con el principio de suministrar justicia a cada quien en la medida equivalente de sus acciones. Villarroel desconoció si aquel fenómeno era el resultado de la ineptitud, de las pasiones o de la corrupción de los oficiales (Villarroel, 1785).

A propósito de lo anterior, uno de los grandes obstáculos del reordenamiento político en la Nueva España fue la perpetua conflictividad a la que estaban expuestos los encargados de la justicia en los escenarios locales. Las competencias jurisdiccionales provocaron que muchas veces la maquinaria colonial detuviera el flujo de sus actividades (Diego-Fernández y Gutiérrez, 2012) por causa de la violación de plazas y potestades jurisdiccionales a cargo de una o más autoridades privativas (Garriga, 2006). Lo cierto fue que la administración del territorio a través de jueces territoriales tuvo una precaria capacidad de crear lazos institucionales estables, en tanto que era un modelo de carácter mutable y abierto que dificultaba la división de las tareas y obligaciones de los oficiales reales.

La incapacidad del gobierno virreinal por resolver estos asuntos dificultó la aplicación de las políticas borbónicas en el territorio. El infortunio de un entramado institucional expuesto a una constante disputa judicial terminó por mermar la rigidez del orden del gobierno; a decir de Carlos Garriga, la conflictividad de régimen jurisdiccional no respondió propiamente a una condición patológica, sino la fisiología misma del gobierno donde la autorregulación de sus organismos era orquestada mediante contrapesos institucionales (Garriga, 2006).

 

Hacia un nuevo orden de gobierno

 

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII Pedro Rodríguez de Campomanes sostuvo que el atraso de los dominios coloniales hispánicos en materia de industria, cultura y sociedad era resultado de un régimen de gobierno con una multitud de fueros y privilegios que no retribuían al fomento del bien público y que eran nocivos para el derecho universal y el buen gobierno de España y América pues dividían a los pueblos en “pequeños núcleos” que velaban por sus intereses y derechos (Rodríguez, 1765).

José del Campillo y Cossío elaboró uno de los primeros planes para el reordenamiento del mundo hispánico. El proyecto propuso el reordenamiento del gobierno de la justicia de la metrópoli a partir del impulso del comercio y la transformación de la población española e india en hombres útiles al rey para sustraer mayores beneficios monetarios de sus dominios coloniales. Ese plan fue consumado a través del establecimiento del sistema de intendentes y subdelegados en América durante las postrimerías del siglo XVIII; este fue un régimen de carácter económico que reorganizó el modelo jurisdiccional de Antiguo Régimen para buscar sobrellevar las eventualidades de la época (Real Ordenanza, 1786). Campillo y Cossío sostuvo que la implementación del régimen económico, el reordenamiento del gobierno de la justicia, el uso adecuado de los recursos humanos, y el cultivo de las tierras, no sería posible sin antes reedificar lo político; aseguró que la informalidad del seguimiento de las leyes era la causa de que los territorios americanos no produjeran ninguna ganancia a España y, por ello, era importante volver a las antiguas “leyes perfectas”, como un medio fundamental para introducir el nuevo sistema de gobierno colonial (Campillo, 1789).

José de Gálvez fue el mayor artífice de estas reformas en el virreinato de la Nueva España. A partir de la instrucción reservada de 14 de marzo de 1765 sobre la pertinencia de instaurar el sistema de intendencias, introdujo a los territorios transoceánicos en un periodo reformista cuya intención fue cimentar las bases de un nuevo régimen económico y reducir la autonomía que gozaban las corporaciones y los grupos criollos. El plan reformista de Gálvez reordenó el sistema de gobierno en varios niveles; se modificó el estatus de las audiencias y del virrey, y se crearon nuevas autoridades encargadas de negociar e imponer el nuevo orden económico frente a las corporaciones, instituciones y los gobiernos locales que antes articulaban el gobierno de la justicia en América (Alcauter, 2012).

Algunos de los eventos más sobresaliente de este periodo de reformas en el gobierno colonial fueron la expulsión de los jesuitas de América, el establecimiento del monopolio del tabaco, el nombramiento de los primeros intendentes en el norte del territorio y la aplicación de una política anti-criolla (García, 2013). También se inició la fiscalización de bienes de comunidad de los pueblos de indios para restringir el manejo de sus recursos y fomentar su economía a través de la dotación de tierras para la agricultura. Esta intención se cristalizó en 1765, con la creación de la Contaduría de Propios, Arbitrios y Bienes de Comunidad, y fue reafirmada después por la Ordenanza de Intendentes de 1786 (Arrioja, 2008).

 

Un tiempo de reformas

 

Con el establecimiento del sistema de intendentes en la Nueva España, el gobierno colonial reordenó el estado de sus instituciones pues de ellas dependía el establecimiento de una armonía duradera en el territorio y sus habitantes (Lempérière, 2013). No obstante, su estudio dentro de provincia muestra que más que cooperar unas con otras, prevaleció un ambiente de constante tensión relacionado con problemas de administración de justicia (Diego-Fernández y Gutiérrez, 2014).

Uno de los cambios notables al sistema de gobierno de la justicia fue el fortalecimiento de la autoridad del soberano frente a las corporaciones civiles y religiosas. Se intentó recuperar su lugar como cabeza única del gobierno a partir de la reducción de privilegios y de derechos históricos de corporaciones, y la introducción de nuevas autoridades borbónicas como fueron los intendentes y subdelegados. La aplicación de las reformas borbónicas reordenó la forma en que se aplicaba la justicia desde el umbral del siglo XVII, la actividad de las corporaciones e instituciones en el marco de un nuevo orden de gobierno estatalista (Arrioja y Sánchez, 2002).

La Real Ordenanza de Intendentes de 1786 fue el cuerpo legislativo que dio sustancia al nuevo régimen colonial en la Nueva España. Este documento proyectó la primera organización racional del territorio en unidades geográficas de carácter regional y local cuyo objetivo fue controlar con el auxilio de las nuevas autoridades borbónicas. A través de este documento jurídico el monarca español intentó tener mayor injerencia en sus dominios americanos pues, desde tiempos pasados, habían ganado autonomía respecto a algunas disposiciones del superior gobierno. De ese modo se dio comienzo al proyecto de implementar en América un nuevo modelo de gobierno que se adaptara a las demandas políticas, económicas y sociales propuestas de la monarquía española (Alcauter, 2012).

Las reformas aplicadas en el gobierno colonial regularon algunas prácticas políticas y administrativas de instituciones y jueces territoriales que exponían al régimen colonial a un estado de vulnerabilidad. La causa hacendística, por ejemplo, cambió a los actores que ejecutaban sus tareas en los partidos; el documento de 1786 selló la preeminencia de subdelegados y tenientes de justicia frente a las magistraturas ordinarias y a las autoridades indias. A su tiempo, esta acción permitió reducir la participación de los funcionarios más añejos argumentando que era perjudicial para la recolección fiscal (Real Ordenanza, 1786).

La causa de policía que estuvo relacionada con la administración de los pueblos y el buen gobierno local en la Nueva España también experimentó algunas modificaciones; en primer lugar porque impulsó el desarrollo económico de las poblaciones y, en segundo lugar redujo las capacidades judiciales de las corporaciones, como ocurrió en los ayuntamientos, quienes durante el último cuarto del siglo XVIII se enfrascaron con los subdelegados en una intensa competencia por el poder político en los partidos.[6]

La resistencia del cuerpo político ante la incursión de las nuevas jurisdicciones atrasó la introducción de las ciudades, villas y pueblos en el gobierno económico; intendentes y subdelegados fueron descritos como “invasores” de los asuntos del gobierno local y portadores de iniciativas que afectaban la agenda y las tradiciones de los pueblos. Todo esto terminó por atrasar el disciplinamiento de los habitantes de la Nueva España; partiendo de la idea de que la presencia de una planilla de oficiales no significó un estado de perfecto dominio (López, 2016), puede considerarse que los espacios locales, aún después del reformismo borbónico, permanecieron sujetos a una crisis política y social provocada por la instauración de un nuevo modelo de gobierno que buscaba equilibrar las nuevas exigencias económicas de la guerra y el reordenamiento de un régimen construido por los ejes medulares de la justicia y el derecho.

 

Consideraciones finales

 

A lo largo del texto abordamos los principios que organizaron el gobierno judicial en la Nueva España y algunas de sus reformas durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los teóricos de los cambios que ejecutó la Corona española fueron los ministros ilustrados de la metrópoli. En sus textos trataron el asunto de reformar el gobierno americano para salir de la crisis financiera a la que se enfrentaba España. Las adecuaciones más sobresalientes redujeron los derechos históricos de los pueblos, la autonomía de las instituciones y los privilegios corporativos; elementos que daban sentido y funcionalidad al gobierno de la justicia.

Como era de esperarse de cualquier cambio estructural en el gobierno, el reformismo borbónico en la Nueva España provocó un primer periodo de resistencia por parte del aparato institucional; estos organismos resistieron ante la nueva legislación ilustrada porque los desproveía de las ventajas y las distinciones que habían obtenido a lo largo de tres centurias de gobierno español en América.

La reorganización del gobierno de la justicia ante los imperativos de la guerra llevó a la Corona española a replantear la condición de sus colonias americanas y su papel en la conservación del imperio. Las reformas introducidas por los Borbones fueron de orden económico aunque esto no determinó completamente el nuevo paradigma del gobierno; pese a que sus móviles cambiaron, los medios por los que se buscó zanjar las eventualidades de la época siguieron sujetos a la normativa de la cultura jurisdiccional del Antiguo Régimen.

Esta etapa de reformas en la Nueva España cambió la organización política de sus escenarios regionales y locales y aceleró la captación fiscal de la monarquía a partir de la instauración de nuevas instituciones, ordenanzas y oficiales locales. Al mismo tiempo se reordenaron y desarticularon algunos de los principios político-jurídicos del gobierno de la justicia, como los privilegios, las jurisdicciones privativas y los obstáculos comerciales con miras de convertir a los dominios americanos en espacios útiles. Lo cierto fue que también se introdujo al gobierno colonial en una etapa de cambios tan profundos que, paulatinamente, erosionaron la legitimidad de la Corona en América.

 

Documentos impresos

 

Guardiola y Saez, L. (1785). El corregidor perfecto y juez exactamente dotado de las calidades necesarias y convenientes para el buen Gobierno Económico y Político de los Pueblos, y la mas recta administración de Justicia en ellos; y avisado, entre otras cosas, de las muchas cargas y obligaciones de su Oficio: conforme todo á las Leyes Divinas, Derecho Real de España, y Reales Resoluciones hasta ahora publicadas sobre la nueva Planta y Escala admirable de los Corregimientos y Alcaldías Mayores de estos Reynos. Madrid: Imprenta y Librería de Alfonso López, calle de la Cruz, donde se hallará.

Pérez de Mesa, D. (1632). Política o razón de Estado. Madrid: L. Pereña y C. Baciero, 1980.

 

Rodríguez de Campomanes, P. (1788). Apuntaciones de lo que importa averiguar para resolver con acierto el gran problema de si conviene a la España en el comercio de las Indias occidentales seguir el sistema antiguo o una libertad indefinida. Madrid.

 

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Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España. (1786). Facsímil, estudio introductorio de Ricardo Rees Jones. México: UNAM-IIH, 1984.

 

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